Con la entrada del nuevo Gobierno de coalición en el Congreso de los Diputados llegaron también nuevos planes para el futuro del país. El ejecutivo, liderado por Pedro Sánchez, ponía en relieve la necesidad de crear un plan de acción contra el cambio climático y por la transición ecológica. Y así lo hizo. En enero de este año el ejecutivo envió una Ley de Cambio Climático y Transición Energética a las Cortes aunque la crisis sanitaria retrasó su aprobación y dejó el proyecto paralizado.
Tras una intensa lucha contra el virus, el Gobierno ha vuelto a poner en marcha este proyecto de ley. “En un momento en el que tenemos que abordar el proceso de recuperación frente a la COVID-19, la transición energética se va a convertir en una fuerza motriz determinante para generar actividad económica y empleo a corto plazo, y hacerlo de forma coherente con lo que necesitaremos como país en el medio y en el largo», ha señalado Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, poniendo en relieve la importancia que va a tener el plan dentro de la reconstrucción del país.
La ley señala dos objetivos a largo y medio plazo. Por un lado encontramos los objetivos fijos de cara a 2050 en el que España deberá alcanzar la neutralidad climática, es decir el 100% del sistema eléctrico utilizado en el país deberá ser renovable. Aunque también encontramos objetivos a cumplir de aquí a diez años. 2030 se ha marcado como el año en el que las emisiones del conjunto de la economía española habrán de haberse reducido un 20% respecto al año 1990.
Una de las medidas fundamentales para alcanzar estos propósitos en el impulso de los vehículo eléctricos. La idea es que para el año 2050 todos los turismos y los vehículos comerciales ligeros no emitan C02. Otra de las medidas que está relacionada con esta materia es que en 2023 se obligará a los municipios con más 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones.
Aunque la Ley de Cambio Climático no pone en relieve solo aspectos relacionados con la movilidad y la infraestructura de las ciudades. También pone el ojo en el principal detonante del efecto invernadero: los combustibles fósiles. Desde el Gobierno se fomentará el uso de energías renovables para que al acabar la década, al menos el 35% del consumo final de la energía sea limpia y el sistema eléctrico este compuesto, al menos en un 70%, de energías renovables. A su vez, los organismos que pertenecen al sector público dejarán de trabajar con empresas o entidades “cuya actividad mercantil incluya la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil”.
