El uso de cebos envenenados es el método más utilizado para matar depredadores a nivel mundial y está asociado principalmente a la gestión cinegética y la ganadería.
Se trata de un envenenamiento intencionado en el que el autor pretende dar muerte a una serie de animales que considera dañinos para el ganado o para las especies de caza y que, en muchas ocasiones, termina afectando a otras especies a las que no iba dirigido.
En España, entre 1992 y 2017, se ha confirmado la muerte por consumo de cebos envenenados de 21.260 animales, en un total de 9.700 episodios de envenenamiento. Cada episodio ha podido dar lugar a la muerte de varios animales y es, cada uno de ellos, un delito contra la fauna. Estos datos constituyen únicamente la punta del iceberg de este problema, siendo la dimensión real del mismo mucho mayor ya que sólo se detecta una pequeña parte de los casos totales. El uso ilegal de veneno genera un impacto muy grave en la biodiversidad española y afecta a especies como el buitre negro (Aegypius monachus), el buitre leonado (Gyps fulvus), el alimoche (Neophron percnopterus), el quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) o el milano real (Milvus milvus).
Todas estas especies, en su mayoría amenazadas, junto a otros mamíferos, como el oso pardo (Ursus arctos), lobo ibérico (Canis lupus subsp. signatus), lince ibérico (Linx pardinus) o zorro (Vulpes vulpes), son víctimas todos los años del uso de cebos envenenados, un problema que también afecta a numerosas mascotas en entornos urbanos, si bien el presente informe solo recoge casos de envenenamiento en el medio natural.
El veneno más utilizado en España es el carbamato aldicarb, sustancia prohibida desde el año 2007, y que aparece en el 40% de los episodios registrados, seguido del carbofurano (24% de casos), prohibido desde 2008, y la estricnina (5%), prohibida desde 1994.
El presente trabajo recoge la principal información disponible sobre los efectos del uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural y supone una actualización del realizado por SEO/BirdLife y WWF España en 2016 que contenía datos generales hasta 2013 y de algunas especies más amenazadas hasta 2015, ampliando el estudio de la casuística del uso ilegal de veneno hasta 2017. Para esta actualización se ha llevado a cabo una petición de información ambiental a todas las comunidades autónomas españolas sobre datos relativos a los casos de veneno registrados entre 2013 y 2017 (algunas CCAA han remitido sus datos en 2019, lo que evidencia la lentitud en la tramitación de expedientes de información ambiental). Los datos en los que se basa el presente informe son en su mayoría de origen público, contando con alguna información adicional aportada por las ONG, principalmente de periodos en los que no había un registro aún de estos casos a nivel regional.
A partir de los datos obtenidos se ha llevado a cabo, para el periodo 1992-2017, un análisis de la afección territorial de los envenenamientos, de las sustancias utilizadas y de la evolución de su uso en el tiempo, de los orígenes y causas de este uso ilegal y especialmente del impacto que tiene sobre la fauna, destacando el análisis de algunas especies muy relevantes.
Con respecto al anterior informe publicado en 2016, se observa un descenso progresivo en los casos detectados de envenenamiento de fauna, situación que puede estar reflejando el trabajo que durante años se viene haciendo para reducir la incidencia de este delito.
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