Para la ONU, España es la cuarta economía de la Unión Europea, pero tiene muchas obligaciones pendientes en un país donde más del 55% de la población tiene alguna dificultad para llegar a fin de mes, el sistema de prestación de asistencia social está roto y ocupa los últimos lugares en demasiadas clasificaciones sociales de la Unión Europea.
“La economía española ha experimentado un crecimiento constante desde la crisis, propiciando una disminución del desempleo y un aumento de los salarios y las exportaciones. Sin embargo, la recuperación ha beneficiado principalmente al estrato más rico de la sociedad y, en gran medida, los poderes públicos han fallado a las personas que viven en la pobreza”, asegura Philip Alston en el informe sobre la visita que llevó a cabo en España en enero y febrero pasado.
Alston visitó durante 12 días el país en su calidad de relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos donde observó de primera mano el significado de los alarmantes indicadores oficiales relacionados con la pobreza, donde el 26,1 % de la población y el 29,5 % de las niñas y niños se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social y más del 55 % de la población tenía alguna dificultad para llegar a fin de mes.
Detrás de todas esas cifras hay personas de carne y hueso, asegura Alston, quien cuenta que en Madrid conoció a “una mujer que criaba a sus hijos en una zona considerada peligrosa para la salud, rodeada por el olor de las incineradoras de residuos cercanas y en una casa en peligro de derrumbe”.
También se encontró con muchas personas que habían perdido sus ahorros durante la crisis y otras que tenían que elegir entre poner comida en la mesa o calentar la casa. “Un grandísimo número de ellas se enfrentaban a la posibilidad de ser desalojadas y no lograban encontrar una vivienda asequible. Casi todas buscaban ansiosamente un trabajo decente”.
La palabra que oyó con más frecuencia el relator especial durante las dos semanas de su visita fue abandonados.
Para Alston, la gente se siente abandonada con razón. La recuperación económica ha beneficiado mayoritariamente a las grandes empresas y a las personas más adineradas, mientras que muchos de los servicios públicos y las protecciones que sufrieron graves recortes después de 2008 no se han restablecido.
De acuerdo con el informe, los beneficios empresariales en gran medida se han recuperado desde la crisis, pero la parte de los ingresos tributarios correspondiente al impuesto de sociedades se dividió a la mitad entre 2007 y 2019, pasando del 22,3 % de los ingresos tributarios totales al 11,9 %.
“Antes de la crisis, España había permanecido relativamente inmune al aumento de la desigualdad que afectaba a tantos otros países, pero los índices de desigualdad se han disparado desde 2010”, concluye el relator.
Los indicadores de pobreza en España se encuentran entre los más altos de Europa y la capacidad de las transferencias monetarias existentes para reducir la pobreza se sitúa entre las más bajas de la Unión Europea. Debido a ello, “hoy en día, España ocupa los últimos lugares en demasiadas clasificaciones sociales de la Unión Europea”.
Sin embargo, Alston destaca que “si se pudiera solucionar la pobreza con planes estratégicos y voluminosos informes, España estaría a la cabeza”.
El problema es que si no se actúa a conciencia para hacer realidad los derechos sociales de la ciudadanía a la vivienda, a la educación y a un nivel de vida adecuado, esos grandes propósitos seguirán siendo tan ineficaces como lo han sido en la última década.
Por ello, resalta que España necesita innovación en el Gobierno central, que debe contar con recursos y con el apoyo de las comunidades autónomas para realizar reformas de gran alcance.
Además de las numerosas recomendaciones formuladas anteriormente por los expertos en derechos humanos a España, incluido el propio Alston, el experto destaca que es de particular importancia que el Gobierno:
- Adopte un programa nacional de renta mínima de inserción que permita a las personas beneficiarias, incluidas las menores de 25 años, vivir con dignidad, circular libremente por España, evitar los onerosos requisitos administrativos y no ser castigadas por aceptar trabajos mal remunerados o temporales. Debería introducirse una prestación nacional por hijas o hijos a cargo para los progenitores con menos recursos, así como un plan de prestaciones no contributivas universales para las familias y las personas con hijas o hijos a cargo
- Tome en serio el derecho a la vivienda. Como mínimo, esto debería significar:
- aprobar una nueva ley sobre el derecho a la vivienda
- aumentar considerablemente las inversiones en vivienda protegida
- desincentivar fiscalmente que se dejen viviendas vacías
- estudiar seriamente la posibilidad de introducir sistemas avanzados y flexibles para controlar los alquileres en las principales ciudades
- adoptar medidas para desalentar la manipulación de los mercados de la vivienda por los “fondos buitre”
- actuar para impedir la privatización de las viviendas de bajo costo existentes
- proteger mejor a los hogares vulnerables contra los cortes de electricidad
- apoyar más a las personas que corren el riesgo de quedarse sin hogar
- Emprenda una exhaustiva revisión del sistema educativo para reducir los alarmantes niveles de abandono escolar temprano, repetición de curso y segregación escolar. Sufragar la totalidad de los gastos relacionados con la educación de las niñas y niños que se encuentran en riesgo de pobreza e introducir programas nacionales de educación preescolar para las niñas y niños con edades comprendidas entre 0 y 3 años y de apoyo extraescolar
- Aumente la progresividad del sistema tributario e incremente los ingresos tributarios totales para que se ajusten más a la norma de la Unión Europea, lo que permitirá obtener los recursos necesarios para financiar adecuadamente la protección social. Dejar de ocultar el tipo efectivo del impuesto de sociedades e invertir en programas más eficaces para combatir la elusión de impuestos y el fraude fiscal
- Lleve a cabo un estudio exhaustivo e independiente para evaluar por qué, después de años de programas de ayuda pública, tantas personas de la comunidad romaní siguen viviendo en condiciones inaceptables y sus hijas e hijos están condenados a repetir el ciclo de pobreza y exclusión. El estudio debería dar lugar a una respuesta coordinada que sea acorde con la magnitud de la crisis, y acompañarse de una labor de recopilación de las estadísticas necesarias para medir las mejoras
- Proporcione a la población migrante condiciones de trabajo decentes y un camino hacia la residencia legal que no requiera años de espera y una oferta de trabajo a tiempo completo
- Realice un estudio exhaustivo para reducir los trámites innecesarios y transformar las prácticas burocráticas en la esfera de la protección social, con miras a simplificar el proceso de solicitud y reducir los obstáculos burocráticos y los requisitos excesivos
- Faculte a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal para que lleve a cabo auditorías y estudios de investigación por iniciativa propia, sin necesidad de que se lo solicite una autoridad
