Hoy se ha presentado la Plataforma por las Empresas Responsables que representa a más de 570 organizaciones. Estas demandan la aprobación de una ley en España que obligue a las empresas a actuar de forma sostenible para garantizar el respeto de los derechos humanos y medioambientales en toda su cadena de valor.
La ley que exigen las empresas de la plataforma responden a estos cinco elementos clave:
- Obligación de las empresas de desarrollar e implementar planes de debida diligencia y sancionar el incumplimiento de esta obligación.
- Contenga un sistema disuasorio de infracciones y sanciones para el caso de incumplimiento total o parcial de dicha obligación.
Según Sara García de USO, “un sistema disuasorio de sanciones puede evitar que se llegue a producir el daño. Algunas sanciones que se pueden establecer son la imposibilidad de contratar con la Administración pública, acceder a recursos de cooperación financiera o de internacionalización de la empresa, o sanciones de tipo económico”.
- Que prevea aquellos casos en los que sí se ha producido vulneración de los derechos y asegure el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas.
“Es necesario garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y a la reparación efectiva por los abusos de derechos humanos y medioambientales sufridos. Las víctimas se enfrentan a barreras que hoy hacen esto casi imposible por los plazos de prescripción, los costes procesales, o los tribunales y la legislación a aplicar. Es urgente adoptar medidas para poner fin a la impunidad de las empresas cuando cometen violaciones de derechos humanos”, indica Marta Mendiola de Amnistía Internacional.
- Designe una autoridad pública independiente, que rinda cuentas y esté dotada de un mandato claro, así como de suficientes recursos financieros y personal.
- Obligación de publicar un informe anual con la información relevante y detallada de sus planes de debida diligencia, así como de su seguimiento y resultado.
La regulación
La regulación de la diligencia sobre empresas y derechos humanos y medioambientales ha entrado de lleno en las agendas públicas de muchos países europeos. No solo la UE está trabajando en una directiva de diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales, cuyo primer borrador se presentará después de verano. También países de nuestro entorno han aprobado legislación en la materia y otros tienen procesos abiertos.
En datos
2020 ha sido el peor año para los derechos laborales y la libertad sindical en todo el mundo, según Greenpeace:
- En el 85% de los países se ha vulnerado el derecho a la huelga.
- En un 72% los trabajadores no tienen acceso a la justicia.
- 331 defensores de derechos humanos fueron asesinados.
- El 70% de ellos relacionados con la defensa del agua, la tierra o la defensa de los pueblos indígenas, frente a un conflicto con empresas involucradas.
Fuente: Greenpeace España
