La COVID-19 ha puesto todos los países del mundo patas arriba. España no ha sido una excepción, ni mucho menos. Los esfuerzos de los sanitarios, la fuerzas del orden y los grupos políticos han sido muchos durante estos meses en los que el virus ha condicionado la vida de todos los ciudadanos del país.
Tras más de dos meses de confinamiento en nuestros hogares y con la llegada de la denominada “nueva normalidad” comenzaban a hacerse evidentes los daños que ha propiciado la pandemia a nuestra economía.
Que era necesario la ayuda de la Unión Europea para solventar esta crisis era más que evidente y después de unos cuantos comederos de cabeza finalmente llegó la esperada noticia: Los jefes de estado y de Gobierno de la Unión Europea llegaron al acuerdo de instaurar un fondo monetario de recuperación de 750.000 millones de euros. España al ser uno de los países más afectados por el virus recibirá 140.000 millones de euros.
Lo que de primeras parecen buenas noticias, no lo son tanto para el planeta. El objetivo de esta inyección económica es paliar los estragos causados por el virus en las economías europeas, aunque también pretende relanzar algunos programas de la Unión. Esto significa que el Fondo para la Transición Justa, que pretende ayudar a los países en la transición energética, se ha reducido de los 30.000 millones de euros iniciales a 10.000 millones.
El Tribunal de Cuentas Europea ha puesto en relieve mediante un dictamen que esta modificación de los fondos debe traer consigo un establecimiento de un vínculo más claro con los objetivos climáticos y medioambientales de la Unión Europea. De lo contrario, advierten que, podría no darse un cambio estructural necesario y habría que volver a financiar la transición ecológica.
Tras la publicación del dictamen, CAN Europe, a través del proyecto Life Unify, ha realizado un informe en el que se ponen en manifiesto las medidas prioritarias a la hora de recibir ayudas del fondo europeo. El propio informe también analiza las algunas actividades que son altamente perjudiciales para el medio ambiente y recomiendo a la UE no apoyarlas por el riesgo que suponen para la biodiversidad y los ecosistemas.
En lo que respecta a España, las medidas mencionadas en el informe se relacionan con la necesidad de establecer medidas verdes en los municipios. Algunas de estas medidas ya han sido puestas en marcha por diferentes ayuntamientos como cambios en la movilidad urbana.
