La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expuso ayer su preocupación por los graves retrocesos que se están dando en materia relacionada con los derechos humanos. «La pobreza extrema, la desigualdad y la injusticia aumentan», explicó Michelle Bachelet, haciendo un llamamiento a los líderes mundiales para encontrar una solución inclusiva.
Así se inauguró la 47º sesión del Consejo de Derechos Humanos, presentando un informe sobre el papel del Estado en la respuesta a la crisis del coronavirus. Bachelet instó a los líderes mundiales a encontrar una solución clara y conjunta para salir de esta crisis. “Se trata de avanzar hacia un futuro inclusivo, ecológico, sostenible y resiliente o, de lo contrario, colapsar”.
La Alta Comisionada le dio especial relevancia a las situaciones que se están dando en Colombia y México que ha tachado como «muy preocupantes».
Abusos en Colombia
Las protestas del pasado 28 de abril que se dieron en Colombia por la crisis económicas preexistente y las desigualdades sociales agudizas por la pandemia derivaron en «violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado». La Comisionada detallo que desde este día hasta el 16 de junio recibió denuncias de 56 muertes, 54 fueron de civiles y dos de policías, en protestas. Pero, también se registraron 49 presuntas violaciones sexuales. Quiso recalcar que también se documentaron abusos por agentes no estatales.
Bachelet instó a las autoridades colombianas a garantizar investigaciones rápidas, efectivas e independientes de todas las denuncias recibidas.
“La plena aplicación del Acuerdo de Paz, incluido el apoyo al histórico proceso de justicia transicional, sigue siendo fundamental en la respuesta a los actuales disturbios. El cumplimiento de estas promesas vitales al pueblo de Colombia contribuirá a abordar las causas fundamentales y a aumentar la confianza pública en las autoridades”, enfatizó la Alta Comisionada.
Violencia política en México
La Alta Comisionada expresó su preocupación por el preocupante nivel de violencia política registrado en el país en el contexto electoral de los comicios celebrados el 6 de junio.
Por lo menos, 91 políticos o miembros de partidos políticos fueron asesinado, de estos 36 eran candidatos electorales. Todos ellos fueron asesinados desde septiembre de 2020.
“Es fundamental asegurar la rendición de cuentas por estos actos y garantizar su no repetición. En el futuro, también aliento a las autoridades a que se abstengan de utilizar un lenguaje que socave a quienes expresan opiniones disidentes o que de alguna manera ponga en duda la independencia de los órganos autónomos, incluidas las instituciones electorales”, puntualizó.
